Transparencia descafeinada

Parecía imposible pero llegó. El 28 de noviembre -por fin- se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Una ansiada ley y más teniendo en cuenta que España era el único país europeo que no gozaba de una legislación en este ámbito. Tras haber sido enmendada por casi todos los partidos, tras las comparecencias de profesionales vinculados al ámbito de la comunicación política, la transparencia y la rendición de cuentas y más de año y medio de tramitación, nos encontramos con una ley que queda algo escasa. Ha llegado tarde y poco ambiciosa, con unas carencias notables que, por supuesto, afectan en primera instancia a los ciudadanos y, más concretamente, a su derecho a saber.

La periodista parlamentaria Sonsoles Ónega aclaraba en las jornadas InforUVa en la Universidad de Valladolid que “no tenemos por qué saber dónde pasa las vacaciones el Presidente del Gobierno” porque eso choca con la intimidad de nuestros políticos. Hasta ahí, más que de acuerdo. La ciudadanía no quiere saber (o no en su conjunto) si Rajoy se relaja en las playas mediterráneas o si por el contrario prefiere exportar su Marca España a otros lugares de la geografía mundial. Pero, quizá lo que representa el punto fundamental de esta legislación es lo que se preveía que pasaría: el derecho de acceso a la información no ha sido reconocido como derecho fundamental. ¿Esto qué conlleva? Que otros derechos, como el de la protección de datos o la intimidad queden por encima y, esto, partiendo de supuestos, es peligroso para el derecho a saber cuando se puedan alegar razones de protección de datos para no aportar información -y esto, desafortunadamente, es pan de cada día-.

Una ley deficiente, que no solo es valorada así por la Coalición Pro Acceso y numerosos ciudadanos que desean (deseamos) un pleno acceso a la información, sino que la OSCE ya se pronunció al respecto afirmando que el proyecto de ley:

“no acata las normas y los principios ya consagrados por los Tribunales de Derechos Humanos o las organizaciones intergubernamentales, incluido el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos”

No solo eso sino que ¿quién va a garantizar que los términos de esta ley se cumplan? Un organismo que depende del Gobierno. Fantástico. ¿No debería ser un organismo independiente? Ésta es otra de las reivindicaciones que se plasman en las últimas alertas por parte de organizaciones pro acceso. 

Su aplicación, además, no será inmediata. Las disposiciones adicionales de la Ley -por así decirlo, las que explican cómo funciona esa Ley- dicen que esta legislación empezará a estar vigente dentro de un año y aún se dan otro año más de plazo para las instituciones autonómicas y locales.

Otro de los aspectos que desde el inicio se vienen reivindicando es un acceso a los informes, documentos y otras informaciones que llevan al Congreso a adoptar unas normas u otras o a hacer ciertas matizaciones en ellas; es decir, ¿cómo actúan los lobbistas? –este texto explica bastante bien qué ocurre a nivel europeo-. En este caso, la Ley de Transparencia no puede hacer nada, sino que lo que hay que modificar es el funcionamiento del mismo Congreso y obliga a abrir otro nuevo proceso de modificaciones -no perdamos la esperanza de conocer quiénes se esconden detrás de ciertas decisiones nacionales-. 

¿Cuál es la consecuencia directa de la ausencia de estos puntos clave? Que la ley sea deficiente, que ocupa la posición 75 de 96 entre las leyes de transparencia a nivel mundial según Access Info Europe, basándose en los indicadores de Global RTI Ranking y, ahondando más, que el derecho de acceso a la información se vea menoscabado en un país que se considera democrático, que necesita rendir cuentas y ante unos ciudadanos que desean saber. 

La Ley, que tuvo votos afirmativos del PP y los partidos nacionalistas y votos en contra de ERC, AMAIUR, IU, ENTESA PROGRES PER CATALUNYA y PSOE deja en entredicho el deseo de las instituciones nacionales a dar información, a rendir cuentas y a obligarse a ello. También -y esto forma parte de apreciación personal- parece ser una acción que solo pretende cumplir con un punto del programa electoral del Gobierno, sin importar su calidad; un compromiso a cumplir con un final que no importa tanto como el deseo de “tachar la tarea” y hacer algo “que se le parezca”.

Ley de Transparencia

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